El empresario Abraham Hazoury, promotor del Aeropuerto Internacional de Bávaro, remitió el pasado 29 de abril una carta al Tribunal Constitucional en la que hace un firme llamado a defender la soberanía nacional, la seguridad jurídica y el orden constitucional frente a presuntas maniobras de sectores empresariales que buscan monopolizar el control aeroportuario en el este del país.
La misiva señala con preocupación que un grupo empresarial aspira a concentrar hasta el 70 % del flujo de pasajeros turísticos y nacionales en la región Este, en detrimento de la competencia, la institucionalidad y el desarrollo equilibrado.
En su comunicación a los jueces constitucionales, Hazoury advierte sobre intentos de influir en el sistema judicial para acomodar decisiones a intereses particulares, lo cual, a su juicio, representa una amenaza directa al Estado de derecho y a la confianza de los inversionistas.
“La Constitución es el pacto supremo del pueblo dominicano y ninguna facción, por influyente que sea, tiene derecho a vulnerar su letra ni su esencia”, subraya la carta.
Una advertencia sobre el futuro institucional del país
El empresario denuncia que instituciones del sector aeronáutico han incumplido sus obligaciones legales y contractuales, socavando la estabilidad jurídica necesaria para el desarrollo de inversiones. En ese contexto, exhorta al Tribunal Constitucional a actuar con firmeza e independencia, sin ceder ante presiones políticas o económicas.
“El pueblo dominicano confía en ustedes y espera que actúen con la entereza que el momento histórico demanda”, sostiene Hazoury, en un llamado que resalta la responsabilidad institucional de los jueces.
El documento enfatiza que el verdadero peligro no es un litigio particular, sino el precedente que puede establecerse si se permite que determinados grupos impongan sus intereses mediante presiones o arreglos fuera del marco legal.
Seguridad jurídica como pilar del desarrollo
Hazoury coloca la seguridad jurídica en el centro del debate, argumentando que sin ella no es posible atraer inversiones serias ni construir un clima de crecimiento económico sostenible. Asegura que ningún empresario responsable se arriesgará a operar en un país donde las decisiones judiciales puedan modificarse al capricho de grupos con poder económico.
“Ceder a esas presiones implicaría renunciar al principio de igualdad ante la ley y consagrar un escenario donde unos pocos dictan las reglas del juego a expensas del bien común”, advierte.
Un llamado a la dignidad y a la justicia
En el cierre de la carta, Hazoury eleva el tono del mensaje y hace un llamado “a la dignidad nacional”, insistiendo en que lo que está en juego no es solo un proyecto aeroportuario, sino el modelo de país que se quiere construir: uno donde prevalezca la ley, la igualdad y la justicia para todos.
“Defender la Constitución —y hacerlo con valentía frente a presiones— es la mejor garantía para un crecimiento económico sostenible y para que cada dominicano confíe en que la justicia es igual para todos”, concluye.
La carta de Hazoury llega en un momento clave para la institucionalidad dominicana, en medio de un debate sobre la concentración del poder económico en sectores estratégicos como el transporte aéreo, y la necesidad de preservar la independencia de los órganos judiciales como columna vertebral de la democracia.