El nombre de Roberto Antonio Canaán, exgerente de Atención al Usuario del SeNaSa vinculado a un proceso judicial que involucra presuntos actos de corrupción administrativa, sobornos y financiamiento ilícito dentro del sistema de salud dominicano, ha vuelto a la palestra pública ahora como delator del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien le exigiera un soborno de 150,000 y otros bienes de lujo para “alterar el proceso seguido” en su contra.
Canaán se desempeñó como funcionario dentro de SeNaSa, entidad estatal encargada de gestionar el seguro de salud de millones de dominicanos. Desde su posición, estaba vinculado a la supervisión de servicios y la atención a afiliados, así como a procesos internos relacionados con prestadores de servicios médicos.
Durante la gestión encabezada por Santiago Hazim, Canaán también formó parte de estructuras administrativas que, según el Ministerio Público, son objeto de investigación por posibles irregularidades en la contratación de suplidores.
De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, Canaán figura como una pieza clave dentro de un entramado que habría operado en la asignación de contratos en el sistema de salud.
En su declaración, Canaán habría detallado la existencia de mecanismos internos que permitían priorizar “casos de interés”, así como la supuesta intervención de personas cercanas a la dirección institucional.
Otro de los aspectos relevantes del caso es el señalamiento de un presunto flujo irregular de dinero. Según las autoridades: Canaán habría manejado sumas importantes en efectivo vinculadas a prestadores de servicios de salud.
Parte de esos fondos, que ascienden a millones de pesos, habrían sido entregados a figuras vinculadas a la administración de SeNaSa.
El Ministerio Público investiga si estos recursos fueron utilizados como financiamiento político irregular, lo que podría constituir delitos como tráfico de influencias y concusión.
Esta situación que enfrenta Canaán es la que supuestamente aprovechó el fiscal Aurelio Valdez Alcántara para pedirle, inicialmente, altas sumas de dinero a cambio de favorecerlo en el proceso judicial.
Conforme a la investigación, Valdez Alcántara exigió a la persona bajo investigación del caso SeNaSa una suma inicial de 200 mil dólares, suma que redujo a 150 mil dólares en una negociación en la que también, mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o 450.
Las autoridades indican que el pasado 13 de marzo, el fiscal acordó un encuentro con Canaán en Plaza Lama de la 27 de Febrero. En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio.
De inmediato, el fiscal le indicó que podía “alterar el proceso seguido” en contra de Canaán a “cambio de un beneficio económico directo”.