Santo Domingo, R.D. – En la recta final del juicio por corrupción que enfrenta, Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, calificó su proceso judicial como un “entramado político-judicial” con fines de persecución partidaria. El Ministerio Público ha solicitado una condena de 20 años de prisión, acusándole de liderar una red que habría sustraído más de cinco mil millones de pesos del Estado dominicano.
Al ser abordado por los medios, Medina reiteró su postura de inocencia y aseguró ser víctima de una persecución con fines políticos.
“Yo soy un preso político”, afirmó varias veces ante las cámaras, añadiendo que el extenso expediente de más de tres mil páginas en su contra fue confeccionado —según él— con el objetivo de destruir al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El acusado expresó desconfianza hacia los actores judiciales que llevan su caso.
“No confío en la justicia”, respondió de forma tajante al ser cuestionado por periodistas tras concluir una de las audiencias.
Las declaraciones se produjeron luego de que sus abogados pidieran al tribunal que su cliente sea declarado inocente. La audiencia fue recesada hasta el próximo miércoles 30 de julio, fecha en la que Alexis Medina hará uso de su derecho a palabra ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, antes de que inicien las réplicas y contrarréplicas que precederán al veredicto.
Proceso judicial contra Alexis Medina
En el intercambio con la prensa, Medina sostuvo que la acusación ha sido utilizada como una herramienta para desacreditar tanto a él como a su familia, afirmando que “todo fue contra el PLD”. También señaló que el expediente fue construido sin imparcialidad, y que las acciones judiciales responden a intereses políticos y no a la búsqueda de justicia.
El proceso contra Alexis Medina, conocido como “Caso Antipulpo”, ha sido uno de los más relevantes de los últimos años en la lucha contra la corrupción en República Dominicana, involucrando a decenas de imputados y millonarias sumas en contratos irregulares, sobrevaloraciones y lavado de activos.