La corrupción administrativa será sancionada con mayor severidad en la República Dominicana tras la aprobación del nuevo Código Penal, que contempla penas de hasta 10 años de prisión mayor y multas millonarias para los funcionarios públicos que autoricen pagos indebidos en contratos estatales.
Así lo establece el artículo 306 del nuevo cuerpo legal, que castiga específicamente a los servidores públicos que, con conocimiento de irregularidades o incumplimientos sustanciales, consientan o faciliten pagos por obras, bienes o servicios no entregados adecuadamente. La disposición también extiende la responsabilidad penal al contratista privado que se beneficie de la transacción sabiendo que se violaron requisitos legales.
El nuevo Código también penaliza la tramitación de contratos sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales esenciales (artículo 290) y establece un sistema de sanciones escalonadas en los artículos 284 y 285, que castigan los delitos de corrupción según el monto del beneficio económico obtenido. Esta estructura busca responder de forma más proporcional y eficaz frente a los distintos niveles de daño al patrimonio público.
Además, se incluye la figura de la coautoría penal para particulares, lo que implica que empresarios, contratistas y gestores que participen en actos irregulares también podrán enfrentar consecuencias penales directas.