La reciente decisión de la jueza Fátima Veloz, quien otorgó libertad bajo fianza a los empresarios Antonio y Maribel Espaillat, imputados por el colapso mortal de la discoteca Jet Set, ha despertado inquietudes sobre una posible falta de imparcialidad en el proceso, debido a vínculos familiares con figuras del sector turístico.
La comunicadora Susana Gautreau reveló a través de sus redes sociales que la magistrada es hija de Manuel Ernesto Veloz Valdez, actual presidente de la Asociación de Hoteles del Este (Asoleste) y gerente inmobiliario del Grupo Punta Cana. Dicha relación, según Gautreau, podría constituir un conflicto de interés, dado que se señala a ejecutivos del sector turístico como allegados a RCC Media, la empresa presidida por Antonio Espaillat.
Gautreau pidió que se esclarezca la estructura accionaria del conglomerado RCC Media y que se levante el “velo corporativo” que, según dijo, impide conocer quiénes están detrás de la propiedad de esta empresa mediática. “Es indispensable garantizar el acceso a la verdad y asegurar que las víctimas tengan una posibilidad real de ser indemnizadas”, expresó.
Además, la comunicadora hizo un llamado a las autoridades judiciales para que tomen medidas preventivas sobre los bienes y activos vinculados a RCC Media, recordando que tanto Antonio como Maribel Espaillat enfrentan cargos de homicidio involuntario por supuesta negligencia estructural en el caso que dejó 236 fallecidos y más de 180 personas heridas el pasado 8 de abril, tras el colapso del techo del centro nocturno.
Según denunció, el padre de la jueza mantiene vínculos de afinidad con la familia Rainieri, propietaria del Grupo Punta Cana, a quienes el rumor público ha relacionado como presuntos socios de RCC Media. De comprobarse esa relación, advierte Gautreau, podría ponerse en entredicho la objetividad del proceso.
Ante esta situación, solicitó al Consejo del Poder Judicial y a otras instancias del sistema de justicia que indaguen si hay elementos de incompatibilidad entre los intereses empresariales mencionados y la función jurisdiccional que desempeña la magistrada Veloz.
El pasado jueves, la jueza impuso medidas de coerción contra los hermanos Espaillat, consistentes en una garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país. La resolución ha sido fuertemente criticada por el Ministerio Público, cuyo procurador adjunto, Wilson Camacho, la calificó como “una burla a las víctimas”, y anunció que será apelada.