La diputada Lidia Pérez, hermana del fenecido merenguero Rubby Pérez, dijo, en la sesión de hoy, que después de un año de haber ocurrido la tragedia del desplome del techo en la discoteca del Jet Set, el país no tiene un marco regulatorio para la inspección y supervisión de infraestructuras y edificaciones.
Pérez depositó ante este órgano del Congreso el proyecto de ley de supervisión e inspección periódica de infraestructuras y edificaciones, y, al ser tomado en consideración, solicitó ser enviado a una comisión especial.
En efecto, sus colegas votaron a favor de que se cree una comisión especial para estudiar esta iniciativa legislativa.
El colapso del techo de la Discoteca Jet Set, propiedad del empresario Antonio Espaillat, se registró el martes 8 de abril de 2025 en Santo Domingo.
El hecho ocurrió mientras se desarrollaba un concierto del reconocido merenguero Rubby Pérez, quien se encontraba en el escenario al momento del siniestro y figura entre las víctimas mortales.
De acuerdo con reportes, el accidente dejó un saldo de 236 personas fallecidas y alrededor de 180 heridos, convirtiéndose en una de las tragedias más graves registradas en el país en los últimos años.
El Ministerio Público presentó en noviembre 2025 acusación formal y requerimiento de apertura a juicio en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, procesados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club.
En la instancia, depositada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, el Ministerio Público está representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos.
En la actualidad, se realizan audiencias preliminares para determinar si el caso va a juicio de fondo.
En la audiencia preliminar de este lunes 6 de abril, el Ministerio Público presentó 84 pruebas testimoniales, 35 periciales, 40 documentales, 5 materiales y 179 actuaciones procesales, como parte de la acusación formal.
Además, solicitaron que sea emitido el auto de apertura a juicio, que se mantenga la medida de coerción a los hermanos Espaillat y las cautelares, como la inmovilización de los productos bancarios y la oposición al traspaso de bienes.
El proceso es conocido por el juez Raymundo Mejía, presidente del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, quien estableció que las audiencias se conocerán hasta el 20 de abril.