Santo Domingo.- El Ministerio Público deploró un nuevo aplazamiento, el número 20, de la audiencia preliminar por presunta corrupción que se sigue contra los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros implicados, acusados de presuntamente estafar al Estado con más de RD$19,000 millones.
El expediente también involucra al abogado Ángel Lockward; al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; a Roberto Santiago Moquete Ortiz; Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; Julián Omar Fernández Figueroa, exencargado de Juegos de Azar de Hacienda; y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional.
Asimismo, figuran Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.
La institución reiteró que el equipo de fiscales cumple con su deber ciudadano, mantiene el respeto al tribunal y está preparado para continuar con el proceso.
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Este jueves, la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, aplazó la audiencia luego de que la defensa del imputado Rafael Porfirio Calderón presentara un certificado médico que otorga una licencia de siete días por un procedimiento quirúrgico ambulatorio.
La magistrada Ramírez sostuvo que con este nuevo aplazamiento “queda demostrado que el retraso en el conocimiento de la audiencia preliminar, más que de tratarse de agregar un día más, porque acogimos la petición, agregamos dos días más al calendario: lunes 8 y martes 9 de diciembre; sin embargo, en el día de hoy ha sido presentado otro certificado médico”.
También recordó que los jueces no toman vacaciones colectivas, en respuesta al planteamiento de la defensa de la imputada Nathaly Hernández, que alegó que su oficina jurídica suspende labores desde el 15 de diciembre.
“Nosotros estamos aquí para conocer audiencia los días hábiles de calendario, solo los días feriados no se conocerán audiencias”, señaló. “Este cuarto juzgado de instrucción seguirá conociendo las audiencias que teníamos programadas en el calendario para el conocimiento de este proceso. Esto es en respeto del debido proceso, el plazo razonable al que tienen derecho todas las partes y que tanto enarbolan aquí”.
Respecto a la solicitud de desglose presentada por la defensa de Hernández, la jueza Ramírez indicó que el pedimento es improcedente en esta etapa procesal.
El fiscal Arolin Lemos, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó: “reconociendo el tema de responsabilidad procesal y de que este proceso legal debe llegar a una conclusión, en el Ministerio Público, en todo momento, hemos estado pendientes de que el proceso sea conocido”.
“Esta situación de salud la entendemos, pero el proceso debe continuar y debe pasar de manera justa y segura”, añadió. Recordó que el Ministerio Público no se opuso a que la audiencia fuera reprogramada para el jueves 11 de este mes, aunque subrayó la importancia de cumplir con el calendario judicial.
El órgano acusador insistió en que las defensas han recurrido a tácticas dilatorias para impedir el avance del proceso y retrasar las sanciones que, según el Ministerio Público, espera la sociedad dominicana. Para este jueves estaba prevista, por segunda ocasión, la presentación de los alegatos de la defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.
La acusación sostiene que los imputados formaban parte de una estructura que desvió fondos mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como por sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
En total, el Ministerio Público presentó cargos contra 46 personas físicas y jurídicas, acusadas de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, financiamiento ilícito de campaña, lavado de activos y otros delitos.
Fuente: N Digital