• 29/05/2025
  • Julio Cesar Gonzalez Rivas
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Una trifulca se registró en la tienda china Mudan, ubicada en la concurrida intersección de la avenida Duarte con París, en el Distrito Nacional, durante un operativo encabezado por la Dirección General de Migración (DGM) que terminó en violencia, gases lacrimógenos y agresiones físicas. Según videos que circulan en redes sociales, un fiscal fue ultrajado mientras intentaba cumplir con su rol en la intervención.

El operativo tenía como objetivo identificar y detener a ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular que presuntamente laboraban en el establecimiento, conforme a las disposiciones de la Ley General de Migración. Sin embargo, lo que comenzó como una intervención de rutina, terminó envuelto en caos.

Videos evidencian forcejeo, agresiones y gas pimienta

En las imágenes compartidas ampliamente en redes, se observa a empleados y propietarios del comercio enfrentando a las autoridades, intentando impedir que los migrantes sean detenidos. En medio del forcejeo, un hombre que habría sido identificado como fiscal fue agredido por varias personas dentro del local. También se muestra a una mujer de nacionalidad china desmayada en el suelo, rodeada de personas que intentaban auxiliarla sin éxito inmediato.

Además, se muestra cuando una mujer de nacionalidad dominicana le arrebata la orden de registro al fiscal y le exige ver el sello de migración al momento que le ofende.

 

Para dispersar a la multitud que se aglomeró frente al comercio y controlar la situación, agentes de la Policía Nacional utilizaron gas pimienta, lo que generó aún más confusión y tensión en el área.

Un operativo fuera de control

El despliegue de la DGM respondía a lo establecido en el marco legal vigente, que prohíbe la contratación de personas extranjeras sin estatus migratorio regular. Sin embargo, el resultado fue un operativo desbordado por la resistencia de empleados del local y la falta de control en el uso de la fuerza por parte de algunos agentes.

La Ley General de Migración, en su artículo 132, sanciona con multas de cinco a 30 salarios mínimos a los empleadores que contraten personas en situación migratoria irregular. Además, el artículo 104 establece que dichos empleadores deben asumir los costos de la deportación de los trabajadores que hayan contratado de forma ilegal.

Hasta el momento, ni la Dirección General de Migración ni la Fiscalía del Distrito Nacional han ofrecido una versión oficial detallada del incidente, ni han confirmado el estado de salud del fiscal agredido o de la mujer china desmayada. Tampoco se ha informado si hubo detenidos tras el enfrentamiento.

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