La procuradora Johanna Bejarán, titular de la nueva Unidad de Investigaciones de Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), denunció que funcionarios de instituciones de seguridad del Estado estarían facilitando la operación de redes de tráfico ilícito de migrantes.
Bejarán, quien también encabeza la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), afirmó que las investigaciones en curso han revelado conexiones entre estas redes criminales y servidores públicos.
“En todas las investigaciones sobre estructuras desmanteladas, siempre aparece alguien vinculado a instituciones encargadas de combatir estos delitos”, indicó.
Además, las autoridades contemplan la inmovilización de cuentas bancarias, propiedades, vehículos y otros activos relacionados con los responsables de estos delitos. Estas medidas buscan asegurar evidencias y proceder al decomiso legal de los bienes utilizados, como vehículos empleados para el transporte irregular de migrantes.
Con estas acciones, el Ministerio Público refuerza su política de persecución y desmantelamiento de las redes criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes.