El Senado de la República aprobó este miércoles en primera lectura el proyecto de ley que busca elevar a Verón-Punta Cana, actualmente un distrito municipal dependiente de Higüey, a la categoría de municipio. La iniciativa fue respaldada de forma unánime por los 26 senadores presentes en la sesión.
El senador Aneudy Ortiz, quien preside la comisión especial que estudió el proyecto, presentó un informe favorable indicando que la zona cumple con todos los requisitos establecidos para convertirse en municipio. Entre los argumentos expuestos se destacan su desarrollo económico y social, así como la infraestructura disponible. Verón-Punta Cana cuenta con más de diez sucursales bancarias, centros de salud privados y turísticos, instituciones educativas, supermercados, estaciones de combustibles, generadoras de energía y, sobre todo, el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, que recibe más de 4.5 millones de visitantes al año, siendo el de mayor tráfico del país.
Con la aprobación de esta ley, la nueva demarcación pasaría a llamarse oficialmente Municipio Turístico Verón-Bávaro-Punta Cana y abarcaría una población estimada de 138,919 habitantes. El territorio incluiría la sección de Juanillo, con zonas como Cabo Engaño, La Salina, La Cuevita y Suero, así como la sección de El Salado, que comprende áreas como Bávaro, Cortecito, Cabeza de Toro, Arena Gorda, Macao y Uvero Alto.
No obstante, la propuesta ha generado tensiones políticas, especialmente por la oposición de la alcaldesa de Higüey, Karina Aristy, y otros sectores locales que advierten sobre un posible impacto fiscal negativo. Se estima que la conversión de Verón en municipio reduciría en más del 40 % los ingresos del ayuntamiento de Higüey. Ante estas preocupaciones, el senador proponente Rafael Barón Duluc ha sugerido que el Gobierno central compense esa disminución mediante una reasignación del presupuesto nacional.
El proyecto aún debe ser aprobado en segunda lectura por el Senado este viernes y posteriormente por la Cámara de Diputados el sábado 26 de julio, último día del presente período legislativo. De no completarse el proceso en esa fecha, la propuesta perdería vigencia y tendría que ser reintroducida a partir del próximo período en agosto.
La decisión del Congreso podría marcar un hito importante en la organización territorial del país, reflejando el crecimiento económico y demográfico de una de las zonas turísticas más dinámicas de la República Dominicana.