Santo Domingo, 8 de julio de 2025. Este martes se cumplen tres meses de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, que cobró la vida de 236 personas y dejó más de 150 heridos, sin que hasta el momento se haya definido la medida de coerción definitiva contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del establecimiento colapsado.
A pesar del paso del tiempo y del dolor colectivo, el caso sigue estancado. El Ministerio Público apeló la decisión tomada por la jueza Fátima Veloz, quien rechazó la solicitud de prisión preventiva y optó por medidas más leves: garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica. La Fiscalía solicitaba 18 meses de prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel.
Tres meses después, ni siquiera se ha seleccionado el tribunal ni la fecha para conocer la apelación interpuesta por las autoridades.
Justicia sin prisa
La respuesta tardía del Ministerio Público, que tomó más de dos meses en someter a los dueños de Jet Set, generó frustración entre los familiares de las víctimas y en la sociedad civil. Muchos consideran que ha habido lentitud y falta de voluntad política en esclarecer responsabilidades penales.
Tras la imposición de medidas blandas, el descontento creció. Para las 205 familias que reciben asistencia económica del Estado, las acciones judiciales han sido insuficientes. Para los 174 niños huérfanos y los 124 núcleos familiares que hoy reciben atención psicológica, la herida sigue abierta.
Una de las peores tragedias en discotecas a nivel mundial
La tragedia del Jet Set es considerada una de las más devastadoras de su tipo a nivel mundial, solo superada por los casos de Luoyang (China, 309 muertos) y Santa María (Brasil, 242 muertos). Durante el concierto del merenguero Rubby Pérez, quien también falleció, cientos de asistentes quedaron atrapados bajo los escombros.
Hasta la fecha, no hay una cifra oficial sobre la cantidad de personas que acudieron esa noche: los propietarios hablan de 520 asistentes, mientras voceros de medios y exempleados del local dan números distintos. Las autoridades estiman que entre 700 y 800 personas estaban presentes.
Silencio y dolor
Desde el 8 de abril, cuando ocurrió el derrumbe, el país ha estado de luto. Se han realizado vigilias, homenajes, misas y seis días de duelo oficial. Sin embargo, el proceso judicial avanza a paso lento, alimentando la percepción de impunidad.
Mientras los familiares de las víctimas siguen esperando justicia, las redes sociales y las calles se han convertido en escenario de protestas y expresiones de indignación. El temor de que esta tragedia termine sin responsables penales crece con cada día de inacción.