Santo Domingo.– La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó al Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) reconocer y acatar las autorizaciones de uso de suelo emitidas por la Oficina de Planeamiento Urbano de la Junta Distrital de Verón-Punta Cana, en cumplimiento del artículo 24 de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
Mediante la sentencia número 0030-03-2025-SSEN-00472, firmada el 2 de septiembre de 2025, el TSA resolvió el conflicto que mantenían ambas instituciones sobre la validez de estos permisos en una de las zonas turísticas de mayor crecimiento del país.
La acción fue interpuesta el 17 de julio por el Distrito Municipal Turístico de Verón-Punta Cana, representado por su director Ramón Antonio Ramírez (Manolito), quien solicitó al tribunal ordenar al MIVHED aceptar los permisos emitidos localmente. El reclamo se sustentó en que, según el artículo 24 de la Ley 368-22, los distritos municipales con más de 15,000 habitantes pueden crear sus propias oficinas de planeamiento urbano y gestionar de manera autónoma las autorizaciones de uso de suelo.
De acuerdo con el Décimo Censo Nacional de 2022, Verón-Punta Cana cuenta con 138,919 habitantes, lo que la convierte en el distrito municipal más poblado del país.
El MIVHED había sostenido que la vía utilizada, una acción de amparo, no era la adecuada para impugnar actos administrativos y alegó que hasta la promulgación del Reglamento 396-2025, Verón no tenía plena facultad para emitir permisos. Sin embargo, el TSA concluyó que la acción de amparo de cumplimiento procedía, ya que el derecho reclamado está respaldado por la Ley 368-22 y decisiones previas de organismos competentes.
El tribunal también rechazó la solicitud de imponer un astreinte de RD$500,000 diarios por cada día de retraso en el cumplimiento del fallo, al considerar que no existían pruebas de resistencia por parte del Ministerio.
Con este fallo, adoptado por unanimidad de los jueces Antonio O. Sánchez Mejía, Úrsula J. Carrasco Márquez y María Guillermina Calderón Abreu, se refuerza la autonomía de Verón-Punta Cana en materia de ordenamiento territorial y se sienta un precedente sobre la gestión local de permisos de uso de suelo en el país.