La decisión de la jueza Fátima Veloz de otorgar libertad bajo fianza a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, implicados en la tragedia de la discoteca Jet Set, ha reavivado el debate sobre la independencia del poder judicial en casos que involucran a figuras influyentes del sector privado.
Veloz es hija de Ernesto Veloz, actual presidente de la Asociación de Hoteles y Proyectos Turísticos del Este (Asoleste), una figura muy cercana al Grupo Puntacana y con amplia presencia en el emporio empresarial turístico del país. Aunque no existen pruebas directas de injerencia, estos vínculos familiares han generado inquietud en sectores que observan con cautela las decisiones judiciales que favorecen a personas con poder económico y conexiones políticas.
Medida de coerción causa indignación
La magistrada impuso como medida de coerción una garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica, desestimando la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público. Los hermanos Espaillat son los principales responsables del establecimiento nocturno cuyo colapso, el pasado mes de abril, dejó más de 230 fallecidos y decenas de heridos.
Según las investigaciones, el techo del local presentaba deficiencias estructurales previamente advertidas, así como irregularidades en los permisos de operación. Aun así, la medida fue considerada “benigna” por familiares de las víctimas y distintos sectores sociales que esperaban una respuesta más severa por parte de la justicia.
La magistrada emitió escuetas declaraciones tras la audiencia, enfatizando que su decisión se basó exclusivamente en criterios legales: “Las medidas de coerción respondieron a las pruebas presentadas y a la normativa vigente; se garantizó su sometimiento al proceso sin necesidad de prisión preventiva”, afirmó Veloz en un breve comunicado. Aunque evitó referirse a su entorno familiar, insistió en que “la justicia debe proceder sin sesgos ni presiones externas”.
Medidas impuestas y malestar público
En lugar de prisión preventiva, Veloz impuso una garantía económica, prohibición de salida del país y presentación periódica. El Ministerio Público había solicitado encerrar a los acusados, argumentando negligencia criminal por las fallas en la estructura del local que provocaron la masacre. Familiares de las víctimas emitieron críticas duras: “¿Es suficiente una fianza cuando 230 personas murieron?”, cuestionan.
Trayectoria judicial de Fátima Veloz
En el último par de años, Veloz ha estado al frente de varios casos sonados en el Distrito Nacional:
Chofer que atropelló a un oficial retirado (junio 2023): impuso RD$ 800 000 de garantía, visita periódica e impedimento de salida .
Caso Fedopem (noviembre 2024): medida de coerción sin prisión preventiva para dirigentes acusados de estafar millones al Estado .
Red de estafa “Investor Winner” (abril 2025): RD$ 2 millones de fianza al presunto cabecilla legal de la organización .
Caso Coral (noviembre 2024): libertad condicional con garantía económica a testigo acusado de perjurio .
Pareja de “César el Abusador” (septiembre 2024): resolvió libertad pura y simple para Marisol Mercedes Franco .
En todos estos procesos, la jueza Veloz ha optado consistentemente por medidas no privativas, generando elogios por evitar la saturación carcelaria pero también críticas por la supuesta indulgencia hacia acusados de alto perfil.