El equipo jurídico del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) ha alzado su voz en contra de la sentencia TC/0496/25 emitida recientemente por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, calificándola como un “atropello institucional” que amenaza la seguridad jurídica del país y desalienta la inversión privada nacional e internacional.
En un comunicado firmado por los abogados Eduardo Jorge Prats, Manuel Fermín Cabral, Yurosky Mazara, Luis Antonio Sousa Duvergé, Roberto Medina Reyes, Ariel Valenzuela Medina, Pedro J. Castellanos Hernández, Álvaro García Taveras, Julián Gómez Mencía y Anthony Alba Araúz, el equipo de defensa del AIB criticó duramente el fallo constitucional que confirmó decisiones anteriores de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Administrativo, las cuales avalaron la declaratoria de lesividad contra el proyecto aeroportuario en Bávaro.
“El fallo representa una convalidación acrítica de un proceso administrativo profundamente arbitrario y defectuoso, iniciado por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), que anuló derechos previamente adquiridos por AIB y validados mediante el Decreto 270-20 emitido por el Poder Ejecutivo”, señalaron los abogados.
Según la defensa, el aeropuerto fue concebido como una infraestructura estratégica para fortalecer el turismo nacional y contaba con las autorizaciones necesarias antes de la entrada en vigor de la Ley de Alianzas Público-Privadas. No obstante, el IDAC inició un procedimiento de lesividad alegando incompatibilidades normativas y afectación al interés público, apenas semanas después de haber validado el mismo proyecto.
“El procedimiento no solo fue extemporáneo y carente de garantías procesales básicas, sino que también ignoró la expectativa legítima generada por actos oficiales que autorizaron el desarrollo del proyecto. Esto constituye una grave señal de inseguridad jurídica que puede desalentar la inversión privada en el país”, afirmaron.
Los juristas expresaron preocupación por el precedente que sienta la sentencia, al entender que erosiona principios constitucionales fundamentales como la legalidad, el debido proceso y la protección de inversiones. Además, denunciaron que la decisión judicial pareciera responder a intereses ajenos al ordenamiento jurídico.
“La STC/0496/25 no es un fallo cualquiera. Su trasfondo revela una preocupante estrategia estatal basada en la arbitrariedad, que socava la confianza de los inversionistas en las instituciones dominicanas”, concluye el documento firmado por los abogados del AIB.
El Aeropuerto Internacional de Bávaro, cuya construcción está actualmente paralizada, fue concebido como una obra de gran envergadura para atender el crecimiento turístico de la zona Este del país. Su futuro, sin embargo, permanece incierto tras este revés judicial.