La Altagracia, R.D. — La empresa Inversiones y Bienes Raíces Juanillo Cana, SRL, representada por Diego Bernardo Morales Cedeño y Diego Morales Ceballos, presentó una ampliación formal de su querella penal ante la Procuraduría Fiscal de La Altagracia contra Narciso Santana Ramírez (alias “Dingo”), Rudy Calderón Santana y otras personas aún no identificadas.
Según el expediente depositado, los querellados habrían participado en actos de violencia, amenazas graves y ocupación ilegal dentro de un terreno propiedad de la compañía.
La acción legal está sustentada en varios artículos del Código Penal Dominicano, incluyendo los artículos 265, 266, 307, 309 y 309-3, además de la Ley 5869 sobre violación a la propiedad inmobiliaria y la Ley 631-16 sobre armas de fuego. La empresa está representada por la Dra. Cristina García y el Lic. Amaury Uribe Miranda.
Amenazas y armas ilegales, según la querella
De acuerdo con los documentos depositados, Santana y sus acompañantes habrían realizado varias acciones consideradas delictivas, entre ellas:
Amenazas de quemar vehículos y maquinarias utilizadas por la empresa.
Porte ilegal de armas de fuego, en violación al artículo 66 de la Ley 631-16.
Amenazas de disparos contra cualquier persona que intentara ingresar al terreno.
Impedimento del paso de brigadas autorizadas para labores de acondicionamiento.
Obstaculización reiterada de los trabajos aun después de un desalojo ejecutado legalmente.
La querella sostiene que estas amenazas constituyen violencia condicionada, contemplada en el artículo 307 del Código Penal, y señala además que los implicados habrían actuado en conjunto, lo que encuadra en los artículos 265 y 266 sobre asociación de malhechores.
Desalojo legal ignorado
El expediente indica que el 27 de agosto de 2025, mediante el acta No. 770/2025 y en cumplimiento de la Resolución 343/2025 del Tribunal de Tierras, se ejecutó un desalojo formal dentro de la propiedad.
Pese a ello, los imputados presuntamente:
Ingresaron nuevamente al terreno de forma ilegal.
Mantuvieron vigilancia en los accesos.
Obstruyeron el uso legítimo del inmueble.
Amenazaron al personal y a la propietaria.
La empresa recuerda que el derecho de propiedad está respaldado por el Certificado de Título No. 100006355, que abarca un terreno de 2,250,000.65 m².
Interferencia con trabajos ambientales autorizados
Inversiones y Bienes Raíces Juanillo Cana contaba con permisos del Ministerio de Medio Ambiente para:
Abrir y rellenar una trocha de 2,000 metros lineales por 5 metros de ancho.
Intervenir un área con especies como Javilla, Palmas Reales, Framboyán y Almácigo.
Realizar dichos trabajos durante un período autorizado de 30 días.
Sin embargo, el documento indica que los imputados, portando armas y permaneciendo vigilantes, habrían impedido la ejecución del proyecto, generando pérdidas económicas y atrasos significativos.
Fundamento legal de la querella
El escrito presentado cita:
Ley 5869, sobre intrusión en propiedad ajena.
Ley 631-16, artículo 66, sobre porte ilegal de armas de fuego.
Código Penal, artículos 309-3, 265 y 266, sobre violencia armada, amenazas de muerte y asociación criminal.
La empresa afirma que las conductas descritas encajan en varios tipos penales establecidos en estas normativas.
La empresa pide acción firme del Ministerio Público
La denuncia advierte que las acciones atribuidas a los imputados representan:
Una amenaza directa a la seguridad jurídica.
Violencia organizada contra la propiedad privada.
Uso de armas ilegales para intimidación.
Violación flagrante del derecho de posesión, uso y disfrute del inmueble.
La compañía expresó su confianza en que el Ministerio Público actuará con firmeza, señalando que el expediente cumple con los requisitos de admisibilidad objetiva y subjetiva establecidos en los artículos 267, 359 y 360 del Código Procesal Penal, así como los derechos de la víctima contenidos en los artículos 83 y 84.