La Junta Municipal Verón‑Punta Cana emitió hoy una intimación formal al ministro de Vivienda y Edificaciones (MIVED), Carlos Bonilla, alegando una “arbitrariedad administrativa” en su negativa a reconocer legalmente la Oficina de Planeamiento Urbano (OPU) del Distrito, creada conforme a la Ley 368‑22 .
La jueza contraviene así la normativa que establece que todo distrito municipal con más de 15,000 habitantes puede establecer una OPU. Verón‑Punta Cana, con más de 135,000 residentes y una infraestructura económica relevante (más del 14 % del PIB nacional, más de 65,000 habitaciones hoteleras, 110 hoteles y el principal aeropuerto del país), cumple ampliamente esos criterios .
Las autoridades distritales denuncian que el MIVED se rehúsa a recibir expedientes urbanísticos gestionados por la OPU, lo que ha provocado retrasos en obras, pérdidas económicas y trastornos comunitarios . Además, acusan al ministerio de actuar en contubernio con el Ayuntamiento de Higüey para despojar a Verón de competencias legalmente atribuidas, lo que implicaría una violación del artículo 148 de la Constitución y del artículo 57 de la Ley 107‑13 .
Durante una rueda de prensa, el director distrital Ramón Ramírez “Manolito”, junto a vocales de la Junta Municipal, informó que se notificó al ministro mediante el Acto de Alguacil No. 711/2025, exigiendo el debido reconocimiento legal de la OPU y el respeto a la autonomía municipal .
El cabildo local ha contratado al abogado Ángel Lockward para representar al distrito y exigir compensación por daños y dilaciones que considera fruto de “mala administración” . A pesar de ello, reiteran su apertura al diálogo, al tiempo que advierten que agotarán todas las vías legales para defender su derecho constitucional a planificar y gestionar su desarrollo urbano.